En el sector del transporte crece la inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los incentivos que reciben los colectivos eléctricos y a gas natural comprimido (GNC) en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Una decisión de ese tipo cambiaría las condiciones económicas con las que las empresas apostaron por estas tecnologías y reabriría el debate sobre la renovación de las flotas.
Como menciona Estaciones.com.ar, la preocupación gira en torno a la Resolución 31/2026, que fija un reconocimiento económico diferencial para las líneas de jurisdicción nacional del AMBA. La norma eleva un 30 % la Tarifa Teórica de Referencia (TTR) por cada pasajero transportado en unidades a GNC y un 50 % en el caso de los colectivos eléctricos. Es el principal estímulo monetario directo para incorporar estos vehículos.
El marco vigente suma otras herramientas: el reconocimiento de costos propios de las unidades a gas y eléctricas, incentivos incluidos en las compensaciones y en las tarifas de referencia, y señales regulatorias pensadas para acelerar el recambio del parque y reducir el uso de colectivos diésel. Uno de los interrogantes es qué argumentos justificarían retirar un instrumento creado para favorecer tecnologías menos contaminantes.
NormativasTransporte sumará la infraestructura de GNC al cálculo de costos de los colectivos del AMBALa Resolución 80/2026 incorpora la amortización de instalaciones de carga y el financiamiento para comprar o reconvertir unidades a gas o eléctricas en las líneas nacionales del área metropolitana.Leer nota Metropol, en la mira
Según el sitio, Metropol sería uno de los grupos más expuestos a un cambio de reglas. La empresa acaba de poner en circulación 160 unidades a GNC traídas de China y espera otros 150 vehículos con esa tecnología. Además, representa en la Argentina a King Long, un fabricante chino cuyos vehículos tienen costos más bajos que los de producción local. Sin el incentivo, la ecuación económica que sostuvo esa inversión podría modificarse.
El tema tiene también un costado competitivo. El avance de las unidades importadas a GNC le hizo perder terreno a algunos actores tradicionales del mercado, por lo que una marcha atrás podría favorecer a firmas ligadas a fabricantes nacionales. El efecto real, aclara la publicación, dependerá de cómo se aplique la medida.
Previsibilidad en debate
Más allá de los intereses de cada compañía, el posible cambio pone en discusión la seguridad jurídica. Quienes ya sumaron colectivos a GNC o eléctricos invirtieron bajo un esquema con beneficios específicos, y su eliminación podría alterar los planes de renovación de flotas.
En el fondo se cruzan dos metas de política pública: avanzar hacia un transporte más eficiente y menos contaminante, y proteger a la industria nacional frente a los vehículos importados. Por el momento, la baja de los beneficios es sólo una posibilidad bajo evaluación. Si se concreta, golpeará la rentabilidad de las inversiones ya hechas y dejará en duda la continuidad de los estímulos para sumar tecnologías limpias al transporte público.
Fuente Estaciones.com.ar
