La Libertad Avanza evalúa impulsar en el Congreso una ley que respalde el autodespacho de combustibles habilitado por el Gobierno nacional, en respuesta a la prohibición que dispuso Santa Cruz y que rige también en otros distritos. Lo adelantó el diputado nacional santacruceño Jairo Guzmán en declaraciones a Surtidores.
El legislador defendió que cada operador pueda decidir si incorpora equipos de autoservicio y dijo que llevará la propuesta a su bloque. Según explicó, hay dos alternativas en análisis: una presentación judicial contra la norma provincial y un proyecto que dé rango de ley a la autorización del Ejecutivo. “Seguramente vamos a judicializarlo o vamos a tratar de llevarlo al recinto para darle fuerza de ley”, sostuvo. No precisó, sin embargo, cómo sería la presentación judicial ni qué diría el proyecto.
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El debate se aceleró con la Ley 4024 de Santa Cruz, que impide que personas ajenas al personal de las estaciones operen los equipos de carga. La Legislatura la aprobó el 10 de septiembre; se promulgó el 23 y salió publicada el 13 de octubre. El texto contempla apercibimientos y clausuras temporarias o definitivas para quienes no la cumplan.
Para Guzmán, la decisión va en sentido contrario a la línea desreguladora del Gobierno nacional y achica las opciones de inversión. El diputado acusó a la administración provincial de ponerse del lado de los gremios y de adoptar medidas populistas, y reivindicó la posibilidad de aplicar el sistema de forma total o parcial, como prevé el Decreto 46/2025. Ese esquema permite combinar surtidores atendidos por playeros con otros en los que carga el propio conductor, siempre que se cumplan los requisitos.
El legislador relacionó su oposición con la necesidad de atraer nuevas empresas de expendio a la provincia y facilitar la actividad de las que ya funcionan. También pidió que el gobierno santacruceño y sus diputados tengan en cuenta que existe un decreto nacional orientado a mejorar la situación del sector, y fijó como meta evitar que la prohibición se extienda a otras jurisdicciones.
Si el tema llega al Congreso, habrá que definir además cómo se articula una ley nacional con las atribuciones de las provincias. Como señala el medio, dar respaldo legislativo al autodespacho no implica que las prohibiciones locales pierdan vigencia de manera automática, por lo que el alcance y los fundamentos del proyecto serán determinantes.
Fuente Surtidores
